El gobierno ha indicado que contempla que las entidades financieras, los bancos, asuman quitas en los préstamos y créditos que concedieron con la garantía del ICO el pasado año con motivo de la pandemia. El sacrificio que se quiere imponer a los bancos por decreto, ahorrándoselo al ICO, lo estima en unos 11.000 de Euros.
El hecho de forzar a los bancos a asumir quitas en lugar de que el ICO haga frente a su aval, además de ser una barbaridad jurídica por no ser lo acordado en los convenios y una obscenidad democrática, tendrá tres efectos:
– Empobrecimiento económico inmediato.
– Empobrecimiento económico diferido.
– Anulación de derechos y libertades individuales y de principios democráticos.
Antes de analizar los tres efectos mencionados conviene recordar y tener presente un principio básico de las sociedades liberales que a veces olvidamos. El dinero que maneja el estado tiene un origen privado, pertenece a los ciudadanos y ha de volver al sector privado en forma de bienestar y crecimiento económico. Y se ha de responder personalmente por la gestión del mismo.
Empobrecimiento económico inmediato
No sería nada prudente dejarnos caer en la propaganda, demagogia y marketing populachero anti bancos. Porque lo cierto es que registrar en la contabilidad las pérdidas que suponen una quita, implica un menor valor de la entidad financiera en cuestión. Por ello el sistema financiero sería el primer perjudicado.
Los bancos tienen accionistas y en su mayoría se trata de ciudadanos de clase media que tienen sus ahorros y complementos de su sueldo o pensiones en acciones de los bancos, bien directamente o bien a través de fondos de inversión y planes de pensiones. Lo menores beneficios de los bancos, afectarán al dividendo y a la cotización de las acciones que bajarán, trasladando de inmediato un empobrecimiento proporcional al ciudadano particular. Y no sólo la cotización afectará al ciudadano; una gran entidad financiera puede inyectar al sistema más mil de millones de euros cuando paga el dividendo repartido por acciones, en cantidades pequeñas, que acaban siendo consumo privado y que menguaría al recibir menos dividendo.
También hay que decir que al tratarse de créditos con aval del ICO no están cubiertos por provisiones genéricas y anticíclicas por lo que disminuiría en proporción la solvencia de nuestro sistema financiero haciéndolo más pobre y vulnerable, lo que afecta a toda la sociedad.
Empobrecimiento económico diferido
Como ya habrá algún feliz demagogo se ponga a aplaudir con las orejas ante la idea de endosar algo a los bancos, hay que indicar que existe un efecto perverso en todo esto. La nomenklatura siempre pide su parte. Una PYME que contabiliza una quita de su deuda, genera un beneficio contable. Dicho beneficio tributará en el Impuesto de Sociedades lo que implica una salida de caja sin que haya habido un ingreso perjudicando la tesorería de la PYME.
Una vez que se dinamita por incumplimiento los convenios entre el ICO y la banca, autónomos y pymes no tendrían, a partir de ahí, acceso a esa líneas de financiación. Además hay que decir que el crédito es el acelerador y el combustible de las políticas de flexibilización cuantitativa que se han utilizado en la última crisis económica. Las líneas ICO al no estar afectadas por provisiones y por ende no consumir capital de los bancos tienden a maximizar la posibilidad de utilizar el crédito cono dinamizador de la actividad económica. Nos veríamos privados de esta herramienta además de sufrir una contracción general del crédito debido al empeoramiento de la solvencia de personas y empresas en general. Todo ello conduce a un empobrecimiento progresivo y diferido en el tiempo.
Por otro lado, parece evidente que personas capaces de hacer esta propuesta no se van a limitar a esto. Como lo que no van a hacer es reducir su entramado de chiringuitos, televisiones y otras organizaciones costosas; cuando mermen los ingresos echarán mano de pensiones, inmuebles (Baleares), coches….lo hemos visto en otros países socialistas. Y hemos visto lo ocurrido con el decreto de reparto de los fondos de la UE.
Anulación de derechos y libertades individuales y de principios democráticos.
Es evidente que un decreto semejante estaría incautándose de la propiedad privada de los ciudadanos al restarles un valor arbitrariamente. Violaría el principio jurídico del cumplimiento de los contratos dentro de la autonomía de las partes, ya que existen unos contratos de préstamo y crédito que tienen tres intervinientes, a saber: banco, ICO y cliente. Es indefendible que ahora venga un tercero, que nada representa en esa relación contractual a violentar y alterar lo pactado.
Por si eso no fuera poco hay que añadir que se estaría impidiendo a los equipos gestores de las entidades cumplir con sus obligaciones, entre las que está como principal (según señala el código de buen gobierno) la creación de valor para el accionista.
Explicación de lo anterior de forma coloquial
Por decirlo claramente, al restar recursos y riqueza a ciertas personas físicas y jurídicas, manteniendo los ingresos y recursos de otros; en concreto de aquellos que por afinidad al partido de gobierno ven como se mantiene intactos los organismos de los que cobran, se está produciendo una traslación ilícita de la riqueza de la generalidad de los ciudadanos en beneficio de otros.
Veamos. Los 450 chiringuitos autonómicos perdieron el pasado años 2.500 millones de Euros. Para el 2021 la partida de los presupuestos denominada Sector Público Empresarial y Fundacional; o sea organismos diversos de carácter público y escasa utilidad, todos dirigidos por personas del PSOE, asciende a 6.500 millones de Euros. Si añadimos los 450 Millones para el Ministerio de Igual da y alguna televisión, ya tenemos los 11.000 millones que se endosan a empresas y ciudadanos para mantener los ingresos de unos privilegiados que se suben el sueldo en estos momentos.
Es decir, un robo sistematizado contra una parte de la población ante el que, imagino, nos quedaremos en casa esperando a que el Banco Central Europeo venga a sacarnos las castañas del fuego.
Es empresario. Cursó estudios en la Universidad de Deusto. Durante 20 años ha desarrollado su profesión en banca. Como asesor externo, experto en procesos de reestructuración empresarial, ha ocupado diversos puestos en Consejos de Administración, dirección general o CRO (Chief Reestructuring Officer)
