Este mes de junio, el conjunto de las administraciones públicas españolas sumó una deuda de 32.087 millones de euros más a la ya existente, que alcanzó el máximo histórico de 1.289.905 millones de euros. Esto supone un incremento del 2,5% respecto al mes anterior, superando el 109% del PIB previsto, si tenemos en cuenta el desplome del segundo trimestre del año a causa de la crisis del COVID-19.
Indudablemente, la crisis económica que ha generado la actual pandemia ha provocado un gran aumento del gasto (ERTES, aumento del paro, mayor gasto sanitario…) y una reducción de la recaudación (menos cotizantes, menor beneficio empresarial y menos consumo). Con mayores gastos y menores ingresos, el aumento del déficit es automático. Y, ante esta situación, las Administraciones sólo han encontrado una solución: un aumento de deuda.
Con el déficit en una escalada imparable y la deuda en crecimiento exponencial, la cuestión es quién la pagará y cómo. A la respuesta fácil de los populismos, que proponen «que paguen los ricos», es necesario poner encima de la mesa la objetividad fría de los datos.
Las 10 mayores fortunas de España suman 69.700 millones de euros al cambio actual (81.200 millones de dólares según Forbes). Y esto, teniendo en cuenta que España tiene la suerte de contar entre sus contribuyentes con Amancio Ortega, cuya fortuna actual asciende a 46.550 millones de euros (55.400 millones de dólares según Forbes). Ninguna otra se acerca a esa cantidad. De hecho, las 9 siguientes suman apenas la mitad de la fortuna de don Amancio. Es decir que, si España no contara con él, los números de este análisis serían aún más aterradores.
Ranking fortunas españolas en la primera mitad del 2020
Para que nos hagamos una idea, las pensiones han alcanzado los 9.900 millones de euros este agosto. Aunque las pensiones se pagan a partir de las cotizaciones y no de los impuestos, este es un birlibirloque semántico ya que, en todo caso, son ingresos del Estado extraídos del esfuerzo fiscal de los contribuyentes.
La realidad es que el presupuesto anual en pensiones, alcanza nada más y nada menos que 147.250 millones de euros. Esto quiere decir que, si el Estado decidiera resolver el déficit de la Seguridad Social gravando a las mayores fortunas, no ya con impuestos altos, sino con un 100% (es decir, expropiarlas sin indemnización), sólo se lograría recaudar 68.240 millones de euros. Ni siquiera cubriría 6 meses de pensiones.
Nos podrían contestar que en España hay más ricos. Se podría expropiar a los 10 siguientes. Pero las fortunas son claramente decrecientes según avanzamos en la lista, de manera que, a partir del puesto 25 no se alcanzan los 1000 millones de euros y a partir del puesto 45, no se alcanzan los 500 millones de euros, como se puede ver en el siguiente gráfico.
Si analizamos las curvas de tendencia, no hay fortunas suficientes, por mínimas que sean, para cubrir este despilfarro.
La incautación del 100% de las fortunas de los 100 millonarios más ricos de España aportaría a las Administraciones Públicas 117.672 millones de euros. Ni siquiera llegaría para cubrir un año de pensiones.
Los Presupuestos Generales del Estado han alcanzado prácticamente los 500.000 millones de euros. Por lo tanto, esta incautación total cubriría apenas un 25% de los PGE del año 2020. A partir de ahí, ese dinero se habría gastado ynunca más se podrían cobrar impuestos sobre él.
Con el crecimiento descontrolado del gasto, no quedan más que dos soluciones: la subida descontrolada de impuestos a todos los españoles, ricos o no, o el aumento descontrolado de la deuda. O ambos.
Como hemos visto, no basta con los ricos. Sólo cabe una drástica subida de la recaudación a todos los niveles. Más aún, en una coyuntura de desplome de la economía, que incrementará los costes del desempleo (está presupuestado un gasto superior a 23.000 millones de euros en esta partida), y recortará los ingresos por IRPF, sociedades y consumo.
Y es esta situación la que nos aboca a un crecimiento descontrolado de la Deuda Pública, que es donde estamos en estos momentos. Pedir prestado en unos mercados cada vez más reacios a comprar deuda de los gobiernos. O a un BCE que obtiene sus fondos de los mismos gobiernos a los que presta.
Por lo tanto, no hay más solución que recortar el gasto. Algo que nuestro gobierno no hará.
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