La educación de nuestros hijos es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos. Sí, ya sé que a muchos les impactará leer una afirmación tan categórica, máxime cuando en España, que es desde donde escribo, se da por sentado que la manera en la que estudian los futuros ciudadanos, así como las materias y el temario que se les imparte, es decisión común y por tanto debe estar sujeta a la actividad parlamentaria.
Es un grave error. Los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, y no debemos eludir dicha responsabilidad. La podemos delegar, o podemos asesorarnos para cumplir de la mejor manera posible con ese deber, pero no podemos entregar un cheque en blanco al Estado para que moldee a nuestros hijos a su antojo.
En una sociedad abierta y tolerante con distintas opiniones y puntos de vista, siempre existirá el conflicto entre las partes. Siempre vamos a encontrar desacuerdos sobre cuales son los objetivos deseables, e incluso sobre el modo de conseguir alcanzarlos cuando se dé la casualidad de que compartimos esas metas. Y nunca debemos olvidar que el Estado también es una de esas partes.
La noción de que las personas que componen el gobierno no tienen sus propios intereses me parece de una ingenuidad infantil. Los gobernantes y funcionarios del Estado están interesados en justificar la importancia de su labor para la sociedad.
Algunos ciudadanos deseamos que las atribuciones del sector público vayan en la dirección contraria a la que han estado yendo durante décadas, es decir, que en lugar de crecer vayan menguando.
Ya seamos Liberales o Libertarios, deseamos un Estado más pequeño que el que actualmente sufrimos, o al menos que no siga creciendo. Y si queremos conseguir ese objetivo necesitamos que el electorado requiera políticas de reducción del Estado cuanto antes, pero resulta que los futuros electores no estudian que existe la posibilidad de vivir en una sociedad donde el gobierno tenga mucho menos que decir sobre la vida de los gobernados.
Y si dejamos a un lado la ingenuidad, nos daremos cuenta de que es totalmente lógico que en los colegios no se estudie que el sector público pueda ser mucho menor, ya no digo que se favorezca esa opción cuando se trata el asunto, sino simplemente que se mencione la posibilidad. Y es lógico porque el incentivo para los gobernantes es el contrario.
Un juez no puede mediar en asuntos en los que él mismo está involucrado. Se llama conflicto de intereses y se entiende perfectamente que el árbitro se abstenga de decidir en asuntos que le pueden perjudicar o beneficiar. Pero no parecemos darnos cuenta de que ese conflicto de intereses existe en el hecho de que el gobierno decida sobre la formación de los futuros electores.
No debería ser necesario entrar en los motivos por los que la educación Estatal es inferior a la privada ni comentar los pormenores de la organización de los centros de formación. Ya en la etapa previa deberíamos rechazar la educación estatal porque no se puede ser juez y parte a la vez.
Urge separar la educación del Estado del mismo modo que en su momento se separó la religión del Estado. Nuestro futuro depende de ello.
No es suficiente permitir que los centros de formación privados compitan con los estatales, también es necesario permitir la libertad de cátedra y de métodos de formación en todas las etapas de la educación.
No dejemos que el gobierno nos explique cómo se debe organizar la sociedad. El gobierno debe estar a nuestro servicio y no al revés.
Técnico en electrónica y trabaja en el sector privado.
Milita en el Partido Libertario con el que ha sido cabeza de lista al Congreso de los Diputados en varias elecciones y es socio del Club de los Viernes con el que también ha organizado reuniones y conferencias.
Se declara seguidor de la Escuela Austriaca de economía y es un apasionado de las criptomonedas.
